La Paz, enero 15 de 1991
Al Señor
Gral. Fza. DAEN Jorge Moreira Rojas
COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
Presente
Señor General:
En una situación de normalidad, de acuerdo a la Carta Magna; los tres poderes del Estado, independientes entre sí, con una inter-relación regulada por ley; constituyen la garantía del funcionamiento institucional del país y de la vigencia del régimen de derecho, base esencial de la democracia.
Cuando uno de los poderes somete a sus designios a cualquiera de los otros dos, comete atropello, violación de la ley y conculcación de la Carta Magna; transformando el régimen de derecho en régimen despótico y anti democrático, contrario a la voluntad soberana del pueblo.
En previsión de esta posibilidad extrema, la Constitución Política del Estado determina en el Art. 208: “Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República y el honor y soberanía nacionales; asegurar el imperio de la Constitución Política…”
El orden jerárquico de las anteriores ideas, establece las siguientes prioridades para las acciones de las Fuerzas Armadas de la Nación:
1. Defender y conservar la independencia nacional
2. Defender y conservar la seguridad y estabilidad de la República, así como el honor y soberanía nacionales.
3. Asegurar el imperio de la Constitución Política.
Como se ve, por mandato de la ley, las Fuerzas Armadas son las depositarias del mantenimiento del orden institucional de la República; en tanto que las fuerzas policiales se ocupan del mantenimiento del orden público cotidianamente.
En nuestra condición de representantes del partido político más antiguo de Bolivia, siempre colocado a la vanguardia de la lucha permanente en defensa de los sagrados intereses de la Nación; nos dirigimos ante su autoridad, en el entendido de que las Fuerzas Armadas son todavía la única institución que se mantiene de pie en medio de la caótica confusión reinante en el país; para denunciar la conculcación de la Constitución Política por parte de los tres poderes del Estado y pedir la aplicación de las medidas que correspondan para restaurar el orden institucional en la República.
Dos terceras partes de los magistrados de la Corte Suprema se encuentran enjuiciados por prevaricato ante el Poder Legislativo, cuya mayoría está supeditada a los dictámenes del Poder Ejecutivo; razón por la cual a su vez, están incumpliendo sus funciones fiscalizadoras del Ejecutivo, prevaricando a su turno, junto con el propio Ejecutivo; que también comete delito de traición a la responsabilidad de gobernar con honestidad, que contrajo ante el país al asumir sus delicadas funciones.
Esta cadena irracional de traiciones, trágica para el desarrollo normal de la Patria, acompañada de un listado escalofriante de consecuencias negativas, está destruyendo las bases institucionales de la nacionalidad, colocando en grave riesgo la propia seguridad del Estado boliviano; por lo cual, los tres poderes se han descalificado a sí mismos y todo el gobierno actual en su conjunto es repudiado por el pueblo, cuya violenta reacción podría conducirnos a una catastrófica insurrección popular de alcances imprevisibles para el futuro de la Nación.
Se llegó a situaciones similares en un pasado aún fresco, con el gobierno de la UDP, en el que fue Vicepresidente el actual Presidente de la República. Ante la visible ineptitud de ese gobierno y la incontrolable corrupción que lo caracterizó, tuvieron que renunciar simultáneamente el Presidente y el Vicepresidente, así como el Ejecutivo y el Judicial, para evitar la sucesión prevista en la Constitución Política del Estado; con objeto de llamar a elecciones generales y proceder a la renovación total de los tres poderes.
Dando cumplimiento a la misión de precautelar “la seguridad y estabilidad de la República, así como el honor y soberanía nacionales”, las Fuerzas Armadas de la Nación, atendiendo al clamor de rechazo del pueblo boliviano a este gobierno, deberían identificarse con la posición nacional de exigir la renuncia de los tres poderes; para llamar de inmediato a una CONSTITUYENTE, que posibilite el verificativo de elecciones generales limpias a la brevedad posible, bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas, para “asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado”; enmarcándose de este modo, estrictamente en las disposiciones de la ley.
Este es el camino de menores sacrificios para proceder al reordenamiento institucional de la Patria, que nos permita “defender y conservar la independencia nacional”; supeditada al presente a la política internacional obsecuente, rubricada en el famoso Anexo 3 de los acuerdos de Washington; así como a la humillante dependencia de los dictámenes del Fondo Monetario Internacional.
La sub valoración de las FFAA se manifiesta no solamente en el estrangulamiento presupuestario que les corresponde; sino en el propósito de descolocarlas, entregando el “Plan soberanía” a las fuerzas policiales, en circunstancias en que la política de fronteras debe ser atendida con firmeza militar y planificación especializada; ya que la penetración pacífica del Brasil por Rapirrán, el Abuná, el río Madera y Puerto Suarez, es cada vez más alarmante, con miles de ciudadanos brasileños asentados en territorio boliviano en calidad de propietarios de tierras adquiridas con la complicidad de funcionarios nacionales corruptos.
En la frontera sud-occidental, la situación es mucho más delicada, debido a que las presiones geopolíticas permanentes, adquieren un abierto tono intimidatorio con el estallido en nuestras fronteras, de bombas sofisticadas que tienen barridos 100% eficaces en grandes espacios.
Las minas bolivianas que extraen azufre volcánico en la zona fronteriza, trabajan prácticamente para abastecer a las industrias chilenas establecidas en la provincia de Atacama; rechazan violentamente cualquier forma de inspección boliviana, poniendo en evidencia la “presión dinámica” sobre las fronteras del lado chileno; alterando las relaciones entre empresarios y Estado en el lado boliviano.
La sangría de divisas nacionales para alimentar el comercio exterior chileno, con la política de fronteras abiertas impuestas por el gobierno local, deja un saldo favorable del orden de 200 millones de dólares anual en beneficio de Chile.
Sin embargo de este enorme trabajo especializado que deben cumplir las Fuerzas Armadas de la Nación, precautelando la soberanía nacional; ahora se habla que por orden presidencial desvirtuarán la misión específica para la que fueron creadas, interviniendo en el control del orden público junto con las fuerzas policiales. Será una manera de crearles reflejos acondicionados para que se integren sin resistencias en las futuras “guardias nacionales”, donde deberían insumirse todas las fuerzas armadas latinoamericanas; que es el objetivo inmediato propuesto en la “iniciativa del hogar común sudamericano” por el centro de poder continental.
El congelamiento salarial es una técnica sistemática para generalizar la corrupción en el pueblo. Un pueblo corrupto con gobernantes corruptos convertidos en depredadores del Estado, no solamente que es presa fácil para ser sometido a los centros de poder dominantes; sino, el momento que mejor convenga, puede ser objeto de reparto entre las naciones vecinas.
En resumen, Señor Comandante General de las Fuerzas Armadas de la Nación; ya no es posible ninguna forma de concertación entre el pueblo y el gobierno actual, ni política, ni económicamente y mucho menos en el campo de la moral pública; por lo que, en defensa de la soberanía y la sobrevalencia histórica de la República, es imprescindible llamar de inmediato a una CONSTITUTENTE y proceder a las enmiendas de la Carta Magna; necesarias para garantizar la generación realmente democrática de los poderes del Estado en las próximas elecciones generales; haciendo posible de ese modo, el reordenamiento institucional de la Patria.
Hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente y expresarle nuestros sentimientos de respeto y consideración distinguida.
Ing. Héctor Peredo Peredo
JEFE DE FSB
Ing. Raúl Espinoza Uzquiano
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
Raúl Portugal Montalvo
PRESIDENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL
Al Señor
Gral. Fza. DAEN Jorge Moreira Rojas
COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
Presente
Señor General:
En una situación de normalidad, de acuerdo a la Carta Magna; los tres poderes del Estado, independientes entre sí, con una inter-relación regulada por ley; constituyen la garantía del funcionamiento institucional del país y de la vigencia del régimen de derecho, base esencial de la democracia.
Cuando uno de los poderes somete a sus designios a cualquiera de los otros dos, comete atropello, violación de la ley y conculcación de la Carta Magna; transformando el régimen de derecho en régimen despótico y anti democrático, contrario a la voluntad soberana del pueblo.
En previsión de esta posibilidad extrema, la Constitución Política del Estado determina en el Art. 208: “Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República y el honor y soberanía nacionales; asegurar el imperio de la Constitución Política…”
El orden jerárquico de las anteriores ideas, establece las siguientes prioridades para las acciones de las Fuerzas Armadas de la Nación:
1. Defender y conservar la independencia nacional
2. Defender y conservar la seguridad y estabilidad de la República, así como el honor y soberanía nacionales.
3. Asegurar el imperio de la Constitución Política.
Como se ve, por mandato de la ley, las Fuerzas Armadas son las depositarias del mantenimiento del orden institucional de la República; en tanto que las fuerzas policiales se ocupan del mantenimiento del orden público cotidianamente.
En nuestra condición de representantes del partido político más antiguo de Bolivia, siempre colocado a la vanguardia de la lucha permanente en defensa de los sagrados intereses de la Nación; nos dirigimos ante su autoridad, en el entendido de que las Fuerzas Armadas son todavía la única institución que se mantiene de pie en medio de la caótica confusión reinante en el país; para denunciar la conculcación de la Constitución Política por parte de los tres poderes del Estado y pedir la aplicación de las medidas que correspondan para restaurar el orden institucional en la República.
Dos terceras partes de los magistrados de la Corte Suprema se encuentran enjuiciados por prevaricato ante el Poder Legislativo, cuya mayoría está supeditada a los dictámenes del Poder Ejecutivo; razón por la cual a su vez, están incumpliendo sus funciones fiscalizadoras del Ejecutivo, prevaricando a su turno, junto con el propio Ejecutivo; que también comete delito de traición a la responsabilidad de gobernar con honestidad, que contrajo ante el país al asumir sus delicadas funciones.
Esta cadena irracional de traiciones, trágica para el desarrollo normal de la Patria, acompañada de un listado escalofriante de consecuencias negativas, está destruyendo las bases institucionales de la nacionalidad, colocando en grave riesgo la propia seguridad del Estado boliviano; por lo cual, los tres poderes se han descalificado a sí mismos y todo el gobierno actual en su conjunto es repudiado por el pueblo, cuya violenta reacción podría conducirnos a una catastrófica insurrección popular de alcances imprevisibles para el futuro de la Nación.
Se llegó a situaciones similares en un pasado aún fresco, con el gobierno de la UDP, en el que fue Vicepresidente el actual Presidente de la República. Ante la visible ineptitud de ese gobierno y la incontrolable corrupción que lo caracterizó, tuvieron que renunciar simultáneamente el Presidente y el Vicepresidente, así como el Ejecutivo y el Judicial, para evitar la sucesión prevista en la Constitución Política del Estado; con objeto de llamar a elecciones generales y proceder a la renovación total de los tres poderes.
Dando cumplimiento a la misión de precautelar “la seguridad y estabilidad de la República, así como el honor y soberanía nacionales”, las Fuerzas Armadas de la Nación, atendiendo al clamor de rechazo del pueblo boliviano a este gobierno, deberían identificarse con la posición nacional de exigir la renuncia de los tres poderes; para llamar de inmediato a una CONSTITUYENTE, que posibilite el verificativo de elecciones generales limpias a la brevedad posible, bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas, para “asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado”; enmarcándose de este modo, estrictamente en las disposiciones de la ley.
Este es el camino de menores sacrificios para proceder al reordenamiento institucional de la Patria, que nos permita “defender y conservar la independencia nacional”; supeditada al presente a la política internacional obsecuente, rubricada en el famoso Anexo 3 de los acuerdos de Washington; así como a la humillante dependencia de los dictámenes del Fondo Monetario Internacional.
La sub valoración de las FFAA se manifiesta no solamente en el estrangulamiento presupuestario que les corresponde; sino en el propósito de descolocarlas, entregando el “Plan soberanía” a las fuerzas policiales, en circunstancias en que la política de fronteras debe ser atendida con firmeza militar y planificación especializada; ya que la penetración pacífica del Brasil por Rapirrán, el Abuná, el río Madera y Puerto Suarez, es cada vez más alarmante, con miles de ciudadanos brasileños asentados en territorio boliviano en calidad de propietarios de tierras adquiridas con la complicidad de funcionarios nacionales corruptos.
En la frontera sud-occidental, la situación es mucho más delicada, debido a que las presiones geopolíticas permanentes, adquieren un abierto tono intimidatorio con el estallido en nuestras fronteras, de bombas sofisticadas que tienen barridos 100% eficaces en grandes espacios.
Las minas bolivianas que extraen azufre volcánico en la zona fronteriza, trabajan prácticamente para abastecer a las industrias chilenas establecidas en la provincia de Atacama; rechazan violentamente cualquier forma de inspección boliviana, poniendo en evidencia la “presión dinámica” sobre las fronteras del lado chileno; alterando las relaciones entre empresarios y Estado en el lado boliviano.
La sangría de divisas nacionales para alimentar el comercio exterior chileno, con la política de fronteras abiertas impuestas por el gobierno local, deja un saldo favorable del orden de 200 millones de dólares anual en beneficio de Chile.
Sin embargo de este enorme trabajo especializado que deben cumplir las Fuerzas Armadas de la Nación, precautelando la soberanía nacional; ahora se habla que por orden presidencial desvirtuarán la misión específica para la que fueron creadas, interviniendo en el control del orden público junto con las fuerzas policiales. Será una manera de crearles reflejos acondicionados para que se integren sin resistencias en las futuras “guardias nacionales”, donde deberían insumirse todas las fuerzas armadas latinoamericanas; que es el objetivo inmediato propuesto en la “iniciativa del hogar común sudamericano” por el centro de poder continental.
El congelamiento salarial es una técnica sistemática para generalizar la corrupción en el pueblo. Un pueblo corrupto con gobernantes corruptos convertidos en depredadores del Estado, no solamente que es presa fácil para ser sometido a los centros de poder dominantes; sino, el momento que mejor convenga, puede ser objeto de reparto entre las naciones vecinas.
En resumen, Señor Comandante General de las Fuerzas Armadas de la Nación; ya no es posible ninguna forma de concertación entre el pueblo y el gobierno actual, ni política, ni económicamente y mucho menos en el campo de la moral pública; por lo que, en defensa de la soberanía y la sobrevalencia histórica de la República, es imprescindible llamar de inmediato a una CONSTITUTENTE y proceder a las enmiendas de la Carta Magna; necesarias para garantizar la generación realmente democrática de los poderes del Estado en las próximas elecciones generales; haciendo posible de ese modo, el reordenamiento institucional de la Patria.
Hacemos propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente y expresarle nuestros sentimientos de respeto y consideración distinguida.
Ing. Héctor Peredo Peredo
JEFE DE FSB
Ing. Raúl Espinoza Uzquiano
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
Raúl Portugal Montalvo
PRESIDENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL
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